De lo anterior se sacaron en limpios algunas cosas generales, una de ellas es que esta situación hay que pararla de raíz, y para ello, el gobierno acordó realizar dos acciones estratégicas que, según ellos, operará dentro del marco del estado de derecho. Estas son las siguientes:
- Perseguir con todo el rigor de la ley a los responsables de los últimos atentados en contra de latifundistas y empresas forestales, aplicando la ley de seguridad interior del estado y posiblemente, nuevamente alguna vez, la ley antiterrorista.
- Aplicar “un plan utilizando diversas tácticas antiguerrilla” con el fin de aplacar las zonas de conflicto en el territorio Mapuche (Wall Mapu)
El primer punto se puso en marcha de inmediato el día lunes; así lo explicita el diario latifundista EL MERCURIO:” El Gobierno, a través de la intendenta de la IX Región, Nora Barrientos (PS), invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado en la querella que interpuso contra quienes resulten responsables en su calidad de autores, cómplices o encubridores del atentado armado e incendiario al predio del agricultor Eduardo Luchsinger”. Lo anterior hace referencia a la invocación del artículo 6, titulo III de la susodicha, que dicen relación con la alteración del orden público. A continuación presentaremos algunos extractos de este articulo para su análisis.
Art.6º cometen delito contra el orden público:
a) los que provocaren desordenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública;
c) Los que inciten, promuevan o fomente, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o los elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte o de distribución, y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, accesos o elementos;
d) Los que inciten, promuevan o fomenten o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen o impidan el libre acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejante;
f) Los que hagan la apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnen el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas, como medios para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales.
Art. 7º los delitos contemplados en las letras c) d) y e) del artículo precedente serán castigados con las siguientes penas:
“Con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, si se le diere muerte a alguna persona o si se le infringen lesiones graves….” De diez años y un DIA a 15 años.
“Los delitos contemplados en las letras a) b) F) y h) del mismo artículo, serán castigados con las penas de presidio, relegación o extrañamiento menores en sus grados medios a máximos…” de 541 días a 3 años, hasta 3 años y un día a 5 años “con presidio mayor en su grado mínimo, si se infiere cualquier otra lesión…”de 5 años y un día a diez años “con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, en los demás casos” de 3 años y un día 5 años, hasta 5 años y un día a 10 años.
De los anteriores extractos de los artículos 6 y 7 de la ley de seguridad interior del estado, podrían ser los delitos y las penas que enfrentarán los futuros imputados en el caso del incendio al latifundista Eduardo Luchsinger , que no nos cabe la menor duda, el gobierno encontrará a más de algún “responsable” nuevamente, ¿y cómo? Simplemente realizando allanamientos - como siempre lo ha hecho por lo demás, esto no es nuevo -a diversas comunidades en conflicto; allanamientos a las 5 de la mañana con trescientos carabineros, apoyados de helicópteros, tanquetas y demás vehículos blindados, apuntando a nuestros niños, futuros weichafes, con fúsiles de asalto; golpeando cobardemente a las ñañas y chachay( adultos mayores) de los lof(comunidades), en fin, haciendo y deshaciendo con toda nuestra gente, facultados por el estado de derecho que muy bien pregonan los gobiernos socialistas de la concertación (coalición de partidos políticos socialdemócratas que gobierna chile desde hace 18 años) y que muy bien defienden la inversión capitalista de todo tipo en el Wall Mapu, territorio Mapuche. Es por eso que en este contexto decimos que estamos seguros que habrá algún culpable porque nuevamente se realizarán montajes judiciales acompañados de testigos protegidos que inculparan a más de algún peñi o lamien, que será un acto de demostración de eficacia y seguridad por parte del gobierno hacia la inversión de los latifundistas: forestales, centrales hidroeléctricas, etc. Que se intentarán perpetrar en el Wall Mapu con el objeto de llevarse todo; todo lo que como mapuche nos pertenece y que durante cientos de años de colonización chilena nos han robado a través de diversas legislaciones, políticas publicas y avanzadas militares. Pues bien, este proceso que parece tomar nuevas medidas de la concertación, no tiene nada de nuevo; se viene realizando desde ya hace 127 años y en la medida que en cada ciclo renazcan los weichafe; el estado chileno, a través de toda su historia, llevará nuevamente la militarización del conflicto y alguna que otras cosas más para quebrantar el movimiento mapuche autónomo que renace al margen de ningún estado, prueba de ellos son los diez mil millones de pesos, 20 millones de dólares, que el gobierno a través de la corporación nacional de desarrollo indígena CONADI a destinado que se entregasen justo esta semana desde el Wall Mapu hasta Magallanes.
Frente a todo lo anterior como colectivo aukanpeafiiñ queremos decir lo siguiente:
- No hay ley de seguridad interior del estado ni ley antiterrorista que pueda frenar el proceso irreversible del control territorial que realizan las comunidades en conflicto anexas a la CAM y las demás comunidades que resisten día a día la opresión del estado chileno y argentino.
-La militarización del Wall Mapu comenzó hace mucho tiempo, cuando el proceso de recuperación territorial empezó a gestarse en las diferentes zonas del wall mapu.
- No Obstante lo anterior comunicamos al mundo entero de que el gobierno de Michelle Bachelet ha hecho una declaración de guerra implícita y explicita a la Nación Mapuche, impulsando esta nueva oleada de Copamiento de la Araucanía a través de nuevas tácticas de inteligencia y militares, especificados en el nuevo Plan antiguerrillas aprobado en el palacio de la moneda el día lunes 18 de agosto del año 2008.
NO MÁS MILITARIZACIÓN NI ALLANAMIENTOS EN LAS COMUNIDADES!!!
EL TERRITORIO MAPUCHE ARDE CONTRA EL CAPITAL,
FUERA LOS LUCHSINGER DEL WALL MAPU AHORA !!!
AMULEPE TAIÑ WEICHAN
COLECTIVO MAPUCHE AUKANPEAFIIÑ
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